A menos de dos meses de que entre en vigencia la Ley 27.801, que implementa el nuevo Régimen Penal Juvenil, un frente de organismos de derechos humanos, defensores públicos y organizaciones sociales salió al cruce. En una conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en La Plata, anunciaron que presentarán un pedido de inconstitucionalidad ante la justicia federal para frenar la norma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El defensor oficial Ricardo Berenguer fue el encargado de detallar los ejes del planteo. “Se trata de una grave ampliación y avance de la demagogia punitiva”, disparó, y explicó que la criminalidad juvenil es mucho menor a la que se difunde mediática y políticamente. Entre los argumentos centrales, señaló que la ley viola la Convención sobre los Derechos del Niño, contradice las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y de la Corte Interamericana, y equipara las penas de los pibes con las de los adultos sin ningún tipo de reducción. Además, advirtió que la norma prioriza la prisión por sobre otras alternativas y promueve figuras como el arrepentimiento.
Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM y Nobel de la Paz, fue contundente: “No toda ley es justa, y las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad”. Aseguró que los pibes no son un peligro sino que están en peligro permanente, y llamó a la “rebeldía de las conciencias” para enfrentar lo que viene. Dora Barrancos, copresidenta del organismo, calificó la reforma como “facilismo pragmático” anclado en un sentido común construido mediáticamente, y alertó que el país está “al borde del quiebre del Estado de derecho”.
Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, aportó datos que desmienten el relato punitivista: en los últimos diez años, los jóvenes imputados por delitos disminuyeron un 60%, pero la cantidad de detenidos se mantuvo constante. “La virulencia de los discursos punitivistas no se condice con los datos de la realidad”, sentenció. Los defensores solicitarán una medida cautelar de “no innovar” para suspender la entrada en vigencia de la ley, prevista para el 5 de septiembre, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
