Más de cuarenta organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientales y académicas de América Latina se reunieron en Quito el 1 y 2 de junio de 2026 en el Encuentro Latinoamericano sobre Edición Génica, organizado en la Universidad Andina Simón Bolívar. El resultado fue una declaración contundente: rechazo frontal a lo que llaman "una nueva ofensiva tecnológica" que busca imponer controles sobre la vida, las semillas y los territorios, manipulando la biodiversidad como si fuera simple materia prima al servicio de la acumulación de capital.
La declaración denuncia que al menos diez gobiernos latinoamericanos ya promovieron la desregulación de la edición génica, permitiendo que las empresas la hagan pasar como "cultivos convencionales" para evadir evaluaciones de riesgo y controles de bioseguridad. Esto ocurrió incluso en países como Ecuador y Perú, cuyas leyes prohíben los transgénicos, y en Chile, donde esos cultivos no están autorizados para el mercado interno. Las organizaciones advierten que la industria presenta estas técnicas como "soluciones verdes y amigables", cuando en realidad esconden mutaciones inesperadas, pérdida de material genético y riesgos para la salud humana y los ecosistemas.
El texto es tajante al diferenciar la edición génica del mejoramiento convencional que durante milenios practicaron campesinos y pueblos originarios. Mientras las comunidades basan su trabajo en la observación, la diversidad biológica y el intercambio colectivo de conocimientos, la edición génica "desfigura" los organismos vivos en laboratorios, alterando su composición bioquímica con consecuencias poco conocidas. Las promesas de acabar con el hambre y reducir agrotóxicos son las mismas que hace treinta años acompañaron a los transgénicos, y las organizaciones recuerdan que ninguna se cumplió: el hambre persiste, la biodiversidad se reduce y la agricultura es cada vez más dependiente de corporaciones.
Frente a esta realidad, las organizaciones exigen prohibir la edición génica, equipararla legalmente con los transgénicos, aplicar el principio precautorio y garantizar los derechos campesinos reconocidos por la ONU. La declaración reafirma que las verdaderas soluciones están en la agroecología de raíz campesina, en la defensa colectiva de las semillas y en la capacidad de los pueblos para cuidar la vida y alimentar a la gente sin entregar el control a las corporaciones.
