La sentencia del denominado caso Lautaro cayó como un mazazo sobre las comunidades mapuche. Luis Menares Chañilao, Jorge Caniupil Coña, Pelentaro Llaitul Pezoo y Juan Carlos Mardones, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fueron condenados a 14 y 16 años de prisión. La base de la acusación, según denuncian organizaciones de derechos humanos y la defensa, es tan endeble como peligrosa: una llamada al 133 hecha por un testigo sin rostro que ni siquiera declaró ante el tribunal. Para los observadores de derechos humanos que siguieron el proceso, eso no es justicia, es racismo judicial y persecución política en estado puro.
La abogada de los comuneros fue clara al señalar que esta batalla solo se gana con unidad y movilización popular. Y no es para menos. En el banquillo de los acusados no solo estaban cuatro luchadores territoriales, sino también la verdad histórica que el sistema judicial chileno se niega a reconocer. Los peritos socioculturales que intentaron llevar el debate a la raíz del conflicto —la usurpación histórica del territorio mapuche— fueron ninguneados por el tribunal, que les negó el tiempo suficiente para exponer. Mientras tanto, la Forestal Hancock, empresa de capitales canadienses responsable de la devastación ambiental en la zona, se dio el lujo de aparecer como querellante, rasgando vestiduras en el estrado mientras sus máquinas siguen arrasando territorios comunitarios.
Lo que queda al descubierto, una vez más, es el actuar concertado entre la fiscalía, las fuerzas represivas, el gobierno chileno y las empresas forestales para cerrar el paso a la lucha territorial del pueblo mapuche. La justicia chilena atraviesa su peor crisis, con fiscales de alto rango salpicados por casos de corrupción, y aun así se permite condenar a jóvenes con pruebas que no resisten el mínimo análisis. Desde la solidaridad internacional y los observadores de derechos humanos, el reclamo es claro: que el gobierno y la Forestal Hancock retiren las querellas y se detenga esta ofensiva empresario-político-judicial contra el pueblo mapuche.
>> Declaración pública observadores de Derechos Humanos
A nombre de la solidaridad a los presos políticos mapuche CAM y como observadores de derechos humanos, en relación al juicio de Luis Menares Chañilao, Jorge Caniupil Coña, Pelentaro Llaitul Pezoo y Juan Carlos Mardones, luchadores de la CAM.
Declaramos lo siguiente:
Lo único que queda probado una vez más en este juicio son los fallos políticos y las coordinaciones de la fiscalía, los querellantes, la empresa Forestal Hancock y las fuerzas represivas para perseguir la lucha territorial del pueblo mapuche.
No existe más que una prueba que los incupe, la denominada llamada al 133 de un testigo sin rostro y sin declarar ante el tribunal, ¿es eso suficiente para hipotecar la vida de estos 4 comuneros?, esto es lo que denominamos racismo y persecución política.
Denunciamos públicamente a la Forestal Hancock empresa con capitales canadienses quienes haciéndose parte querellante en el juicio rasgan vestiduras en un estrado criminalizando, cuando son ellos los responsables de la devastación de los territorios y daño medioambiental a las comunidades.
Nos parece impresentable que esta lucha territorial solo se aborde por la criminalización sin poner en discusión el problema histórico de usurpación del pueblo mapuche y cuando en este juicio la defensa trata de clarificar y llevar el tema a la raíz sea la propia justicia quien eluda el tema y lo minimiza, sin darle a los peritos socioculturales el tiempo suficiente. No queriendo reconocer la verdad histórica.
Saludamos y respaldamos a los luchadores hoy inculpados injustamente, todos ellos dieron pruebas de dignidad valentía e impronta, nos merecen una profunda admiración y solidaridad y no los abandonaremos en la denuncia en la cárcel ni en los pasos judiciales que decidan tomar.
La justicia en Chile hoy vive su peor crisis y la fiscalía está absolutamente desacreditada con diversos casos de corrupción de altos fiscales, eso sí debe ser sancionado y debidamente juzgado, hacemos un llamado a la cordura y queda empresa forestal y el Gobierno Chileno retiren las querellas contra estos jóvenes y a parar la ofensiva empresario política judicial, ese actuar concertado contra el pueblo mapuche. Que ha quedado una vez más en evidencia en este juicio.
LIBERTAD A
LUIS MENARES CHAÑILAO
JORGE CANIUPIL COÑA
PELENTARO LLAITUL PEZOO
JUAN CARLOS MARDONES
¡NO A LOS JUICIOS RACISTAS! ¡NO A LAS CONDENAS POLÍTICAS!
