Un informe de la organización CartoCrítica pone sobre la mesa lo que el gobierno y las petroleras callan: la extracción de gas y petróleo mediante fracking en México implicaría una intervención brutal en 7.7 millones de hectáreas de siete estados del país, donde habitan casi 6 millones de personas. El estudio, que recopila datos de instituciones públicas, atlas geológicos y pozos exploratorios, identifica potenciales conflictos por la escasez de agua en regiones que ya están al límite.
La zona más crítica es la región Sabinas-Burro Picachos, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Allí, para extraer apenas el 10% de los recursos proyectados se necesitarían 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce. El problema es que el 83% de esa superficie ya sufre estrés hídrico y el 100% del agua requerida tendría que salir de acuíferos sin disponibilidad. “¿De dónde van a sacar el agua, si la cuenca y el acuífero ya no tienen?”, pregunta Manuel Llano, director de CartoCrítica.
El estudio también alerta sobre la región Tampico-Misantla, que atraviesa San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde viven más de 4.4 millones de personas, incluyendo 871 mil hablantes de lenguas indígenas como teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco. Allí los conflictos no son potenciales: desde 1997 comunidades totonacas resisten la expansión del fracking en Papantla, Veracruz, donde denuncian contaminación de pozos artesanales con aceites y la esterilización de la tierra.
En la cuenca de Burgos, en Nuevo León y Tamaulipas, la población rural vive dispersa en más de 2.600 localidades, con una de cada cinco viviendas sin drenaje y acceso limitado a salud. Para la investigadora Aleida Azamar, de la UAM, el fracking no llega a territorios vacíos: agrava problemas preexistentes y produce nuevas formas de despojo, muchas veces mediante contratos leoninos y ocupaciones temporales que fragmentan la vida comunitaria.
Mientras la presidenta Sheinbaum creó un Comité de Científicos para evaluar el tema, las comunidades siguen sin información pública actualizada sobre si sus territorios forman parte de los planes energéticos del país. Como advierte el especialista argentino Javier Grosso, no hay fracking seco: necesita volúmenes gigantescos de agua y deja pasivos ambientales que, como ya se vio en Texas, pueden volverse imposibles de gestionar.
