La Floresta Nacional de Jamanxim, en Pará, escenario del criminal “Día del Fuego” de 2019, suma 30% de su área quemada desde 1985 y ahora enfrenta un nuevo jaque: un proyecto de ley que reduce en 37% la superficie protegida. La propuesta ya fue aprobada exprés en el Senado —en menos de media hora— y espera la firma de Lula hasta la primera semana de agosto.
Según MapBiomas, los incendios se aceleraron después de 2017, cuando el entonces presidente Temer intentó achicar la reserva vía decreto. Ese año se quemaron más de 50 mil hectáreas. En 2019, el récord llegó a 55 mil. Y en 2024, arrasados por la tragedia de 50 millones de hectáreas en toda la Amazonia, fueron 285 mil. El 97,8% del fuego vuelve a la misma área en uno o dos años.
Detrás de la motosierra legislativa está el lobby de los ruralistas. El prefecto de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill (MDB), acumula 31,6 millones de reales en multas ambientales desde 2014. Es ganadero y defensor del desmonte. El PL transforma el área suprimida en Área de Protección Ambiental (APA), figura que admite ocupación, ganadería y minería. Lo que llaman “ayuda al pequeño productor” es, en los hechos, un premio a la grilagem de tierras públicas.
Marcio Astrini, del Observatório do Clima, es claro: no se llega al desmonte cero liquidando las áreas protegidas, el principal escudo del patrimonio natural.Lula tiene en sus manos la posibilidad de vetar esta entrega. La presión del agronegocio es feroz, y también la de los ambientalistas que ya frenaron un intento similar en 2017. Lo que pase con la Jamanxim será un termómetro de hasta dónde llega el compromiso del gobierno con el planeta.
