La vocera de Modatima Santiago, Fernanda Gutiérrez, fue clara al analizar los temporales que golpean a la zona centro-norte de Chile en PiensaPrensa: no son desastres naturales, sino el resultado de una gestión estatal que niega la crisis climática y posterga las acciones de fiscalización. Las regiones de Valparaíso y Coquimbo son las más afectadas, con comunidades aisladas, sin luz ni agua potable por más de una semana, pérdida de alimentos y producciones campesinas. Pero el drama no termina ahí: los colapsos de relaves mineros han contaminado las fuentes de agua de las que dependen las organizaciones comunitarias, sin que el Estado ni los privados se hagan responsables.
El gobierno de José Cast, según Gutiérrez, insiste en achicar el rol del Estado y en no reconocer la justicia social y ambiental como eje de su política. Las poblaciones más vulneradas son las clases populares, campesinos, mujeres y comunidades rurales, que deben resolver por sí mismas lo que el poder económico y político no quiere enfrentar. Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con una megareforma de reestructuración nacional que, bajo el discurso de la "permisología" y la reducción de trámites, debilita el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiendo que proyectos extractivos avancen sin controles.
Para Modatima, la experiencia con autoridades locales en regiones como Valparaíso muestra que sí es posible construir alternativas con participación territorial. Pero la gran deuda sigue siendo del gobierno central y de una élite económica que nunca paga los platos rotos. En palabras de Gutiérrez, lo que vivimos no es una emergencia circunstancial, sino un modelo estructural de despojo, donde la naturaleza y las comunidades son postergadas una y otra vez para garantizar las ganancias del 1% más rico de Chile.
