El lunes al mediodía, un operativo policial desalojó a familias de la comunidad indígena Santa Rosa de Humahuaca, en Jujuy. El procedimiento, ordenado por el juez provincial Juan Pablo Calderón, dejó un saldo de ocho detenidos, viviendas derribadas con maquinaria pesada y una presentación judicial por abuso de autoridad. Las crónicas del hecho coinciden en que el despliegue fue desproporcionado: más de cien efectivos lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra hombres, mujeres y niños que habitaban esas tierras hace generaciones.
La diputada provincial del PTS en el Frente de Izquierda, Natalia Morales, aseguró que el magistrado "odia a las comunidades indígenas" y que actuó con el aval del Ministerio de Seguridad provincial. "Disparos en la cara y en el cuerpo de las personas presentes", describió, mientras relataba cómo las infancias corrían para resguardarse y los ancianos eran violentados. La jornada culminó con máquinas que destruyeron las viviendas precarias y dejaron a las familias en la calle durante la noche.
Un dato central del conflicto es la superposición de planos. Las fuentes señalan que la cédula parcelaria de un particular fue confeccionada con errores por la Dirección Provincial de Inmuebles, invadiendo el territorio comunitario. La propia ex titular del organismo, de apellido Peloc, habría reconocido esa falla. El litigio, que según una de las crónicas es entre particulares, terminó con la comunidad como víctima de un operativo que consideran ilegal.
La abogada Alejandra Cejas, representante de la comunidad, presentó un habeas corpus junto a sus colegas Silvana Llanes y Mariana Vargas. Denunció que varios pobladores recibieron hasta veinte impactos de balas de goma y que la asistencia médica fue bloqueada. Además, alertó sobre la conmoción vivida por niños de entre 1 y 7 años que debieron escapar hacia los cerros para no ser detenidos. "Hubo un abuso de poder descomunal", sentenció la letrada. En paralelo, la legisladora Morales impulsa pedidos de informes para establecer responsabilidades políticas en la Legislatura y el Concejo Deliberante de Humahuaca. La defensa espera la audiencia del miércoles para que la justicia revise un procedimiento que, por ahora, dejó a la comunidad Santa Rosa sin hogar y con la certeza de que el Estado estuvo, una vez más, del lado de los que empujan.
