LA JUSTICIA DE NEUQUÉN HABILITA EL DESALOJO Y LAS COMUNIDADES MAPUCHE SALEN A RESISTIR
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LA JUSTICIA DE NEUQUÉN HABILITA EL DESALOJO Y LAS COMUNIDADES MAPUCHE SALEN A RESISTIR

(★) .- El juez Astoul Bonorino rechazó frenar la expulsión de la Lof Kinxikew y la amenaza se extiende a la Lof Melo, mientras se convoca a una caravana para este sábado.

El juez Francisco Astoul Bonorino, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, rechazó el pedido de la comunidad mapuche Lof Kinxikew para suspender el desalojo. El magistrado, cuya familia es propietaria de una inmobiliaria, habilitó la continuidad de la expulsión sin un fallo de fondo sobre la propiedad comunitaria, beneficiando de facto a la familia belga Broers.
El operativo represivo del miércoles 19 de agosto desalojó a la comunidad Kintxikew de uno de los predios que comparte con la Lof Melo, en el paraje El Pedregoso, a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura. Las fuerzas se retiraron a las 14 horas sin completar la agresión contra la comunidad Melo, argumentando la presencia de menores y adultos mayores.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que las fuerzas represivas volvieron a desplegarse en el sector de manera sorpresiva, ilegal y violenta. La decisión de Bonorino no define el reclamo de fondo, pero permite que la ejecución continúe mientras ese otro juicio sigue en trámite. Villa La Angostura, en el Corazón del Corredor de los Lagos, es una locación codiciada por su alto valor turístico.
Ante este escenario, las comunidades convocan a una caravana de los pueblos para este sábado 22, con dos puntos de concentración: uno a las 14 horas desde el Puente de las Piedritas en Villa La Angostura y otro en la terminal de Bariloche. Amancay Quintriqueo, lonco de la Lof Kintxikew, y Noelia Huenumir Pigen, lonco de la Lof Melo, llamaron a movilizar para demostrar la resistencia y resguardar el territorio.
Las loncos denunciaron la complicidad del gobierno provincial de Rolando Figueroa y del ministro Jorge Tobares, afirmando que el poder político avaló un procedimiento ilegal que pone en riesgo a las familias mapuche, infancias y adultos mayores. El pedido es acompañar de manera presencial el resguardo, con un llamado a organizaciones sociales, colectivos y vecinos a acercarse al lugar.