El Tribunal Oral Federal 1 ordenó al jefe de la SIDE que entregue en su totalidad y sin tachaduras los archivos de la última dictadura cívico-militar. La resolución, firmada por el juez Adrián Grünberg, valida un pedido de la fiscalía y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para acceder a documentos sensibles sobre secuestros y desapariciones que la agencia de inteligencia venía ocultando bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
El fallo llega en medio de una pulseada judicial más amplia. Organismos como Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo apelaron una sentencia del juez Walter Lara Correa que, si bien reconoció la pertinencia del reclamo de acceso a la información pública presentado en mayo de 2025, no le ordenó a la SIDE la entrega de la documentación. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver ahora si obliga a la agencia a desclasificar el material.
El conflicto no es nuevo. Durante años la SIDE negó tener información sobre el período 1976-1983, pero en 2020 la intervención de la AFI relevó archivos entre 1946 y 1985: aparecieron cerca de 250 mil fichas con datos de personas y organizaciones, legajos del personal y sumarios que permitieron reconstruir el funcionamiento de los centros clandestinos Automotores Orletti y Casa Bacacay. Esa documentación nunca se puso a disposición pública en su totalidad.
Con el gobierno actual, las políticas de memoria, verdad y justicia sufrieron un retroceso. La SIDE sostiene que analizar si la entrega de documentos producidos hace 50 años pone en riesgo la seguridad nacional. En el juicio oral por los crímenes de Orletti y Base Pomar, la agencia respondió a la solicitud judicial con papeles tachados que impiden conocer la información completa. "Este tipo de respuesta implica un retroceso evidente respecto de la forma en que el PEN aportó información de la dictadura durante estas décadas en los juicios por el terrorismo de Estado", denunciaron los organismos.
Las organizaciones reclaman también precisiones sobre el anuncio presidencial de desclasificar archivos y transferirlos al Archivo General de la Nación, un plan que hasta ahora no tiene marco administrativo ni cronograma. La SIDE, denuncian, "no contestó en los tiempos adecuados" y cuando lo hizo entregó respuestas "vagas", información "aislada y hasta contradictoria". La intimación judicial marca un límite concreto a esa estrategia dilatoria, pero la batalla por los archivos de la represión recién empieza.
