La postergación de la audiencia sobre los crímenes del caucho, prevista para el 12 de agosto y ahora fijada para el 28 de octubre, no detiene la palabra de los relatores de Naciones Unidas. En una comunicación fechada el 3 de noviembre de 2025, cuatro expertos expresaron su "grave preocupación" por la falta de medidas del Estado peruano para investigar, reconocer y reparar las violaciones contra los pueblos indígenas del Putumayo. La deuda histórica no es un vacío del pasado, sino un problema vigente de derechos humanos.
El documento describe el sistema de explotación entre 1880 y 1920, basado en endeudamiento, trabajo forzado y esclavitud, con violencia extrema contra los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina, Andoque, Resígaro, Nonuya, Miraña, Muinane y Kukama. Al menos 30.000 muertos, según la literatura existente, aunque los descendientes sostienen que la cifra pudo ser mayor. La Casa Arana y Hermanos, luego Peruvian Amazon Company, actuó con presunta complicidad, protección o negligencia estatal, y hasta hoy no hubo un proceso integral para esclarecer responsabilidades.
Los efectos son intergeneracionales: el exterminio de autoridades indígenas destruyó estructuras sociales y espirituales, mientras el racismo y la exclusión persisten, ahora con nuevos impactos de actividades extractivas. La ONU cuestiona que no exista un pedido oficial de disculpas, que la educación peruana ignore estos crímenes y que en Iquitos aún se glorifique a Julio César Arana.
La demanda presentada el 13 de octubre de 2025 por jóvenes del Colectivo Tsiuni ante el Juzgado Mixto de Nauta, exigiendo una Comisión de la Verdad, encuentra así un respaldo internacional ineludible. Verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición: la pregunta ya no es si el Perú debe responder, sino cuánto tiempo más dejará que el caucho siga quemando la memoria.
