El Gobierno nacional formalizó esta semana su ingreso al Consenso de Ginebra sobre Salud de la Mujer y Fortalecimiento de la Familia, una declaración política impulsada durante la primera administración de Donald Trump que reúne a más de 40 países con posiciones conservadoras en materia de salud sexual y reproductiva. La firma estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y contó con la participación del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y de Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense.
El documento, creado en 2020 con el respaldo de gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y que esa práctica no debe promoverse como método de planificación familiar. Si bien se trata de un instrumento no vinculante que no modifica la legislación argentina, las organizaciones feministas y transfeministas repudiaron la medida. La Regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtió que el Ejecutivo elige alinearse con una coalición internacional de derecha que busca restringir los derechos sexuales y reproductivos, en una cruzada contra la autonomía y la libertad de decidir sobre los propios cuerpos.
El rechazo también plantea una dimensión jurídica. Las organizaciones recuerdan que la adhesión política no puede desconocer la Ley 27.610, que desde 2020 garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, ni las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en tratados como la CEDAW y el PIDESC, que imponen los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. En ese marco, denuncian que la decisión se suma al desfinanciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y a la desarticulación del Programa Remediar, medidas que afectan el acceso efectivo a las prestaciones.
La adhesión se inscribe en un contexto de mayor actividad de organizaciones como Political Network for Values, que el 23 de julio reunió en la Legislatura porteña a legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, junto a la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien luego mencionó la posibilidad de revisar la legislación sobre aborto. El debate se da mientras estudios como los del CEDES muestran que más del 80% de la población apoya el acceso a anticonceptivos, un dato que contrasta con la agenda que impulsa el Gobierno junto a sus aliados internacionales.
