La Federación Nacional Campesina (FNC) salió al cruce del régimen de Santiago Peña para condenar el asesinato de un líder indígena y un profesor de la comunidad Ava Guaraní Tekoha Y’apo, perpetrado por fuerzas policiales del Estado el viernes 14 de agosto. El organismo expresó su profunda preocupación por la situación límite que atraviesan las comunidades indígenas y campesinas en Canindeyú y otros departamentos del país, víctimas de una creciente criminalización y persecución.
En un comunicado firmado por su Comité Ejecutivo Nacional, la FNC exigió a las autoridades responsables una investigación a fondo que respete la dignidad, la vida y los derechos de los pueblos. El pedido es claro: que este caso no quede engrosando la interminable lista de crímenes impunes contra el campesinado y los pueblos originarios. La organización también hizo llegar sus condolencias a los familiares y miembros de la comunidad Y’apo, golpeados por la pérdida de dos referentes vitales.
La contradicción del discurso oficial es brutal. Peña prometía que "vamos a estar mejor", pero sus tres años de gobierno quedaron manchados por la sangre indígena. La constante, denuncia la FNC, es el abandono a la miseria, la falta de salud y educación, sumada a la criminalización permanente de quienes defienden sus territorios. Lejos de la retórica oficial, la realidad en los asentamientos y tekoha es de violencia estructural y desamparo total.
El Estado paraguayo tiene la obligación ineludible de proteger y garantizar los derechos de todas las personas, con especial énfasis en las comunidades indígenas y campesinas. La FNC convocó a todos los sectores democráticos a unir esfuerzos en defensa de la vida y la justicia social. El cierre de la proclama es contundente: sin reforma agraria no habrá paz, y la lucha continúa hasta vencer. El campo paraguayo no calla ante la represión.
