El movimiento campesino, indígena y garífuna de Honduras entregó más de 5 mil firmas al Congreso Nacional para exigir juicio político contra 17 diputados y diputadas que impulsaron la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, conocida como Decreto 107-2026. La acción pública del 29 de julio apunta al titular del Legislativo, Tomás Zambrano, señalado por las organizaciones como responsable de una norma que consideran la "legalización de los despojos" de tierras comunitarias.
La ley, aprobada dos semanas después de que 20 campesinos fueran asesinados en la aldea de Rigores, Trujillo, declara inafectables las tierras destinadas a la agroindustria y obliga a la Policía Nacional y al Ministerio Público a actuar de inmediato contra ocupaciones. Wendy Cruz, de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la CLOC-LVC, explicó que la norma habilita el despojo territorial e impulsa proyectos extractivistas vinculados al turismo y al desarrollo energético, en un país donde el 80% de las tierras tiene problemas de legalidad según diagnósticos de la FAO.
Las organizaciones denuncian que el gobierno de ultraderecha, con mayoría absoluta en el Congreso y control de la Corte Suprema, profundiza la criminalización del campo. Desde la entrada en vigencia del decreto, se registraron al menos 60 conflictos territoriales y se anunciaron alrededor de mil desalojos. Las mujeres, que quedan al frente de los territorios cuando los hombres son detenidos, advierten sobre unas 700 empresas de seguridad privada que concentran entre 60 y 70 mil hombres armados, más del doble que los policías civiles del país.
La movilización, que comenzó el 17 de abril con tomas de carretera, también exige que el Estado cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pueblos garífunas, que obligan a devolver tierras ancestrales. El gobierno actual respondió con amenazas de desalojo permanente y juicios políticos contra funcionarios que favorecían a los pueblos originarios, dejando a las comunidades "en total indefensión" frente a una ofensiva del gran capital que busca reconcentrar la tierra y los bienes comunes de la región mesoamericana.
