La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió formalmente una petición contra el Estado argentino por la contaminación de la planta de bioetanol Porta Hnos., en el barrio San Antonio de Córdoba. El caso, impulsado por Fundeps y Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), es el segundo de contaminación industrial del país en llegar a esa instancia. El expediente 15.978 fue admitido tras una revisión formal: el Estado no contestó el pedido de información, lo que generó presunción de violaciones a derechos humanos. La CIDH lo analizará con tratamiento urgente y tiene un plazo de cuatro a seis meses para determinar si hubo incumplimiento en la protección del ambiente sano, la salud, la participación ciudadana y la tutela judicial efectiva.
La causa judicial, abierta en 2016, llegó a la Corte Suprema, que rechazó el recurso sin expedirse sobre el fondo. Las sentencias que exigen una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se acumularon entre 2018 y 2023, pero la Secretaría de Ambiente provincial se negó a cumplirlas. En agosto, la Cámara Federal de Córdoba confirmó por quinta vez que la empresa debe realizar la EIA y cuestionó a la Secretaría por considerar suficiente una habilitación administrativa. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal investiga a los jueces federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por presuntas dádivas, a partir de un viaje en avión privado a Punta del Este en 2024 vinculado a empresas con causas en trámite, entre ellas Porta Hnos.
Los relevamientos vecinales documentaron que más del 53% de los residentes sufre problemas de piel, enfermedades respiratorias y gastritis. Estudios confirmaron formaldehído, tolueno y xileno en el aire y daño genético en niños. Un estudio reciente demostró que el combustible almacenado supera cien veces los límites permitidos para zona urbana. "Es una bomba de tiempo y no hay un protocolo de evacuación público", advirtió Ananda Lavayén, de Fundeps. La planta sigue operando mientras la comunidad enfrenta, según Silvia Cruz, de VUDAS, "una idea económica compartida por el gobierno provincial y nacional que es la de convertirnos en zona de sacrificio". La apertura del caso coloca al Estado bajo observación internacional en un conflicto de quince años sin solución.
