Durante el debate, la diputada oficialista María Andrea Aguilera defendió a las tecnológicas y emplazó al diputado Juan Aquino (MST en el Frente de Izquierda Unidad) a explicar por qué, según ella, agita fantasmas sobre el agua y la tierra. Aquino respondió que no son fantasmas sino cosas muy concretas, y que el acuerdo con Green Capital muestra el interés fundamental que se intenta camuflar detrás de mucha letra. La autora de la ley sostuvo que los centros de datos sostienen los servicios que se usan a diario.
Los interrogantes ambientales quedan de lado: la ley solo pide a los proyectos identificar sus necesidades de agua y energía, sin prioridades de acceso ni resguardos. Facilita el acceso a tierras fiscales en cesión o venta, y el Consejo Asesor que crea no incorpora al Pueblo Mapuche Tehuelche, aunque la radicación podría impactar en sus territorios. La definición de economía del conocimiento incluye servicios geológicos y de prospección, lo que podría meter por la ventana a la minería: la exploración no está prohibida en Chubut y la norma menciona la minería sustentable entre las cadenas productivas a promover. El proyecto prioriza la Meseta Central, los mismos territorios donde se buscó avanzar con la zonificación minera en 2021.
La oposición a estos proyectos crece a nivel mundial. En Estados Unidos, el 3 de noviembre, la opción de restringir estas infraestructuras ganó en 40 de 41 consultas locales. Andrea Crooms, de Socialistas Democráticos de América, denuncia que los centros de datos representan una nueva frontera del capitalismo extractivo. Aquino lo resumió así: la provincia pone los territorios, el agua y la energía, y está difícil ver los beneficios.