El proyecto Argentina LNG se presenta este 16 de noviembre en Sierra Grande con cuatro Estudios de Impacto Ambiental que lo componen: el gasoducto desde Neuquén, los poliductos, las instalaciones marinas de exportación con unidades de licuefacción flotante y el Complejo Industrial Río Negro. La ley 25.675, la ley 3984 de Río Negro y el Acuerdo de Escazú obligan a que las personas sean escuchadas. La firma del contrato de inversión ya está agendada para el 26 del mismo mes.
Los estudios ambientales muestran análisis fragmentados y fallas metodológicas graves en las modelaciones de ruido, pluma térmica, salinidad y sedimentos. Subestiman el riesgo sobre especies en peligro y la pesca artesanal, las emisiones fugitivas de metano, y omiten la dimensión real de la crisis climática. Los impactos acumulativos del proyecto en su conjunto, y con otros preexistentes como Vaca Muerta Oil Sur o las unidades de licuefacción de Southern Energy, quedan ocultos.
La participación social estará restringida a personas con domicilio en Río Negro. Eso impide que vecinas y vecinos de Neuquén y Chubut, que podrían sufrir las consecuencias, sean oídos. El gasoducto podría afectar al agua del Río Limay. Por la conectividad oceanográfica entre los golfos norpatagónicos, los derrames podrían llegar hasta Península Valdés.
El proyecto implica exportar el 60% del gas extraído hoy de Vaca Muerta, dos veces el consumo residencial del país. Los precios internos quedarán atados al precio internacional. El fallo del caso Kattan de 1983 ya lo decía: si se altera el aire que se respira, el agua que se bebe o la comida que se ingiere, el afectado directo es cada uno de los potenciales perjudicados.