El Frente Nacional Antiminero presentará este 16 de marzo una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento Minero, norma aprobada el 26 de febrero que según las comunidades campesinas e indígenas favorece la expansión extractiva en zonas agrícolas y de recarga hídrica. La demanda, respaldada por organizaciones como Yasunidos y Ecuarunari, marca un punto de inflexión en la resistencia territorial que se extiende por seis provincias del país.
Desde Bolívar hasta El Oro, las denuncias se multiplican. En el cantón Las Naves, el proyecto minero El Domo avanza sin consulta previa cerca de fuentes de agua vitales para comunidades agrícolas que producen cacao, limón y naranja. Raúl Lema, dirigente campesino, revela que el 33% del territorio de Bolívar ya está concesionado a empresas mineras, con militarización y estados de excepción que limitan la protesta desde agosto de 2025. La criminalización de la defensa ambiental alcanza cifras alarmantes: 160 personas enfrentan procesos judiciales por proteger sus territorios.
En Cotopaxi, las comunidades del subtrópico resisten el proyecto La Plata en Las Pampas, donde demandas judiciales han sido sistemáticamente rechazadas. Juan Carlos Carvajal afirma que continuarán con acciones legales y movilizaciones contra lo que califican como "atropellos" a sus formas de vida. La paradoja es cruel: territorios que alimentan al país son sacrificados en el altar del extractivismo.
La amenaza se expande con el megaproyecto Cangrejos en El Oro, que planea explotación a cielo abierto durante 26 años procesando 80.000 toneladas diarias en áreas de recarga hídrica esenciales para la agricultura. Wilfrido González cuestiona de dónde saldrá el agua que requiere esta operación, en una región donde el líquido vital ya es escaso para las comunidades.
La apertura total del catastro minero preocupa profundamente a las organizaciones. Con cerca del 25% del territorio nacional ya concesionado y 90 solicitudes pendientes desde 2018, el avance extractivo podría acelerarse exponencialmente. Esta ofensiva neoliberal, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, prioriza el capital transnacional sobre la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos.
La demanda de inconstitucionalidad representa más que un recurso legal: es la voz colectiva de quienes defienden la vida frente a la mercantilización de la naturaleza. En un contexto donde el modelo extractivista se presenta como única vía de desarrollo, la resistencia organizada cuestiona los fundamentos mismos de esta lógica depredadora, reivindicando alternativas basadas en la justicia ambiental y la autonomía territorial.
