La crisis sanitaria por influenza aviar expone una contradicción insostenible en la política sanitaria argentina. Mientras Perú suspende importaciones aviares por 90 días tras confirmarse brotes en Buenos Aires, y el país pierde por tercera vez su estatus sanitario ante la OMSA, los productores lanzan un ultimátum desesperado: "Vacunar o quebrar".
La Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) denuncia que se está poniendo en riesgo el 94,75% de la producción destinada al consumo interno para preservar mercados de exportación que apenas representan el 5,25% del total. Una asimetría que deja al productor "desnudo" ante el virus.
El sector de postura es el más vulnerable. Un brote en una granja de gallinas ponedoras implica, bajo protocolos del SENASA, el sacrificio total de las aves, pérdida completa del capital de trabajo y despido masivo de trabajadores, sin compensación económica alguna. "El productor y los trabajadores quedan en la calle", describe Javier Prida, presidente de CAPIA.
La paradoja es brutal: "No estamos vacunando, y al tener influenza aviar nos cierran los mercados. Y si vacunamos, nos cierran los mercados por vacunar". Mientras países como China y la Unión Europea avanzan con vacunación estratégica, Argentina mantiene una postura que privilegia mercados externos ya cerrados sobre la seguridad alimentaria interna.
La propuesta de regionalización y compartimentación -vacunar masivamente para el consumo interno y negociar protocolos específicos para exportación- choca contra una visión sanitaria que parece más interesada en mantener apariencias internacionales que en proteger la producción nacional y el acceso a la principal proteína animal de los argentinos.
