El régimen Trump ha convertido la deportación en una sentencia de muerte civil para miles de salvadoreños. Más de 9.000 personas han sido expulsadas desde enero de 2025 hacia un sistema carcelario que opera como agujero negro de derechos humanos. Las familias buscan desesperadamente a sus seres queridos en un limbo jurídico diseñado por Washington y San Salvador.
Human Rights Watch documentó 11 casos de salvadoreños deportados entre marzo y octubre de 2025 que inmediatamente fueron detenidos en El Salvador. Ninguno ha tenido acceso a un juez. Sus familiares no conocen su paradero ni los cargos en su contra. El gobierno de Nayib Bukele se escuda en el estado de excepción vigente desde 2022 para negar información básica. Abogados temen representar estos casos por represalias gubernamentales.
La complicidad estadounidense es evidente. El régimen Trump alegó que varios deportados pertenecían a la MS-13, pero solo presentó evidencia en un caso. Datos de ICE revelan que apenas el 10,5% tenía condenas por crímenes violentos. Muchos habían huido de amenazas de pandillas y violencia doméstica. Kilmar Ábrego García, deportado por "error administrativo" según el régimen Trump, sufrió abusos físicos en prisiones salvadoreñas antes de ser devuelto a Estados Unidos por orden judicial.
Las familias recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como último recurso. En cinco casos, solo mediante litigio internacional supieron que sus familiares estaban en la prisión de Santa Ana o en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Este mega penal ya fue escenario de torturas y abusos sexuales contra venezolanos deportados.
La desesperación de quienes buscan a sus desaparecidos evoca las peores dictaduras latinoamericanas. La deportación masiva se transformó en herramienta de limpieza social, donde Estados Unidos lava sus manos enviando personas a un sistema que viola sistemáticamente derechos humanos. Esta política migratoria criminaliza la pobreza y consolida alianzas entre gobiernos autoritarios, mostrando cómo el neoliberalismo sacrifica vidas humanas en el altar de la seguridad nacional.
