La ONU lanzó un duro cuestionamiento al gobierno de Daniel Noboa, desmontando jurídicamente su narrativa bélica contra el crimen organizado. Ocho relatores especiales de Naciones Unidas enviaron una carta de 21 páginas que desarma los argumentos centrales de la política de seguridad ecuatoriana, señalando graves riesgos para los derechos humanos.
Los expertos internacionales rechazan categóricamente la existencia de un "conflicto armado interno" en Ecuador, tal como lo declaró Noboa en enero de 2024. Los relatores explican que la amenaza planteada por grupos criminales no cumple los criterios del derecho internacional humanitario, que exigen un nivel de intensidad de violencia armada que supere actos esporádicos y un grado de organización para operaciones sostenidas. Esta posición respalda lo que ya había determinado la Corte Constitucional ecuatoriana: la existencia de conflictos armados no se activa por declaración ejecutiva.
La carta cuestiona profundamente la designación de 22 grupos delictivos como "terroristas", advirtiendo que esta clasificación podría utilizarse como paso previo para justificar medidas ilegales, incluyendo restricciones desproporcionadas a derechos humanos y el uso ilícito de la fuerza. Los relatores subrayan que terrorismo y delincuencia organizada son fenómenos distintos con marcos jurídicos diferenciados que no deben confundirse ni aplicarse de forma intercambiable.
La Ley de Inteligencia ecuatoriana recibe críticas severas por incorporar conceptos "vagos y excesivamente amplios" que no garantizan principios de legalidad, certeza y previsibilidad. Los expertos señalan que permite vigilancia electrónica sin orden judicial, infiltración, camuflaje y obliga a organismos públicos y privados a entregar información sin garantías adecuadas. Advierten sobre "graves riesgos de uso indebido del sistema de inteligencia con fines políticos".
Los prolongados estados de excepción -20 en 27 meses de gobierno- también son objeto de preocupación. Los relatores destacan que la frecuencia y aparente normalización de estas medidas, junto con la expansión del rol militar, elevan el riesgo de violaciones de derechos humanos. Recuerdan que el derecho internacional no permite restricciones indefinidas ni suspensión prolongada de libertades fundamentales.
El análisis revela cómo el discurso de "mano dura" se traduce en vulneraciones concretas: definiciones excesivamente amplias de terrorismo que pueden criminalizar protesta social, penas mínimas extremadamente elevadas que violan principios de proporcionalidad, y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La militarización de cárceles y la detención masiva han disparado el hacinamiento carcelario sin resolver problemas estructurales.
La respuesta del gobierno ecuatoriano a consultas previas de la ONU ha sido nula, según los relatores, quienes exhortan a Carondelet a cooperar con la organización internacional. Esta omisión contrasta con la retórica belicista que ha caracterizado al régimen de Noboa, marcado por reformas penales cuestionadas constitucionalmente y una visión de seguridad que prioriza medidas represivas sobre garantías fundamentales.
El documento de la ONU expone la contradicción entre el discurso oficial y el derecho internacional, revelando cómo la estrategia de seguridad ecuatoriana se construye sobre fundamentos jurídicos endebles que abren la puerta a abusos sistemáticos. Más allá de la crítica técnica, la carta representa un llamado de atención sobre la deriva autoritaria que puede esconderse tras la lucha contra el crimen, donde la excepcionalidad se normaliza y los controles democráticos se debilitan en nombre de la seguridad.
