La decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos medioambientales ha desatado una ola de protestas en múltiples ciudades chilenas. Esta medida, presentada como una "revisión administrativa", en la práctica paraliza la creación de áreas protegidas y debilita salvaguardas ecológicas en territorios donde operan gigantes mineros como Kinross, Barrick Gold y Gold Fields. Las movilizaciones coinciden con el Día Mundial del Agua, transformando la fecha en una jornada de denuncia contra lo que organizaciones ambientales califican como un retroceso histórico.
En Valparaíso, Concepción, Santiago y Valdivia, miles de personas salieron a las calles con consignas como "los ecosistemas no se venden". Las protestas rechazan específicamente el retiro de decretos que protegían especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt y las ranitas de Darwin, además de frenar la creación de nueve áreas protegidas, incluyendo cinco parques nacionales. El subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, justificó la medida como parte de una auditoría solicitada por Kast, prometiendo reingresar aquellos decretos "sin problemas de forma o fondo".
La dimensión política del desmonte ambiental se revela al analizar los territorios afectados. En el Salar Gorbea, zona proyectada como parque nacional, SQM mantiene 15 concesiones de explotación. En Lagunas Bravas, donde se pretendía crear otra área protegida, Kinross Minera Chile tiene concesiones constituidas. El Salar de Pedernales, con interés de SQM, Codelco y Barrick Gold, también queda expuesto. Esta superposición entre proyectos de conservación y concesiones mineras no es casualidad, sino el resultado de una política deliberada que prioriza el extractivismo sobre la protección ambiental.
Las organizaciones socioambientales advierten que este escenario genera incertidumbre en comunidades que enfrentan proyectos extractivistas. "El retiro de estos decretos no es solo un trámite administrativo; es una señal política que prioriza la inversión por sobre la vida", señalaron voceros durante las protestas. La jornada concluyó con la promesa de mantener vigilancia activa frente a los próximos pasos del gobierno en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Este desmantelamiento normativo ocurre en un contexto donde las empresas transnacionales presionan por mayor flexibilidad ambiental. La retirada de decretos crea condiciones favorables para proyectos que antes enfrentaban restricciones, reconfigurando el tablero ambiental chileno hacia un modelo de desregulación total. La resistencia ciudadana, sin embargo, muestra que la defensa de los territorios y ecosistemas seguirá siendo un campo de disputa fundamental en el Chile del 2026.
