La Universidad Nacional del Comahue en Bariloche se transformó en trinchera de lucha. Más de sesenta voces de toda la Patagonia convergieron en una audiencia pública que dejó al descubierto el rechazo masivo a la reforma de la Ley de Glaciares. Legisladores, organizaciones ecologistas, comunidades mapuches, académicos y vecinos denunciaron el "trámite express" del gobierno nacional para modificar una norma que protege más de 200 glaciares en Río Negro. Magdalena Odarda fue contundente: "Esta ley se convirtió en prenda de negociación lamentable entre empresarios mineros, gobernadores inescrupulosos y el gobierno nacional".
La megaminería con cianuro ya está habilitada en la región, según alertaron los expositores. Florencia Yaniello de Piuké remarcó que "los glaciares proveen agua a 7 millones de personas", transformando el debate en una cuestión de supervivencia colectiva. La diputada Adriana Serquis adelantó su voto negativo y cuestionó la farsa participativa: "Solo quieren dejar participar a los primeros 15 inscriptos por provincia, menos del 0,3%". El biólogo Pablo Migliano advirtió sobre el error de transferir el control a las provincias, un mecanismo que facilitaría el avance extractivista.
La movilización trasciende lo ambiental para convertirse en defensa territorial. Desde El Bolsón hasta San Martín de los Andes, las comunidades cordilleranas reconocen que el problema "lo tenemos en la puerta". La universidad pública, en pleno vaciamiento neoliberal, emerge como espacio de resistencia. Se convocó a marchar el 23 de abril, fecha que conmemora las luchas universitarias. Esta articulación regional demuestra que cuando el agua está en juego, el pueblo organizado no negocia sus reservas estratégicas. La Patagonia no se vende.
