La medida anunciada por el titular de Vivienda, Iván Poduje, representa un giro radical en la política de memoria histórica. El ministro justificó la reversión argumentando un déficit presupuestario del 97% en su cartera y prioridades sociales urgentes, estimando que los $47 mil millones destinados a la expropiación podrían reparar 1.500 viviendas en mal estado. "Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social", declaró Poduje a La Tercera, enfatizando que los derechos humanos vulnerados hoy son los de niños que viven hacinados.
La reacción no se hizo esperar. Jaime Gajardo, exministro de Justicia del gobierno de Boric, calificó la decisión como "una bofetada directa a la memoria de las víctimas". Para Gajardo, lo incomprensible no es postergar la expropiación por razones presupuestarias, sino revertirla completamente, desconociendo procesos iniciados desde el gobierno de Bachelet con la declaración como monumento nacional y continuados por Boric con la expropiación programada.
La bancada del Partido Socialista se sumó al rechazo, llamando al presidente Kast al diálogo y señalando que la medida no considera compromisos asumidos por el Estado en materia de memoria, justicia y reparación. La decisión se enmarca en un paquete más amplio de recortes que incluye la cancelación de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas ($22 mil millones) y el financiamiento del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia.
El debate trasciende lo presupuestario para instalarse en el terreno simbólico: qué prioriza un Estado cuando enfrenta la tensión entre necesidades inmediatas y deudas históricas. La memoria colectiva parece convertirse en variable de ajuste frente a la emergencia habitacional, un cálculo que muchos consideran éticamente inaceptable.
