La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha manifestado abiertamente su desconfianza hacia el gobierno de José Antonio Kast, calificándolo como una administración de ultraderecha que representa una amenaza para la continuidad de las políticas de memoria y derechos humanos. Esta declaración surge en un contexto donde los nombramientos del nuevo gobierno han reafirmado los vínculos entre militares, carabineros y la extrema derecha chilena, generando alerta en las organizaciones que llevan décadas buscando verdad sobre los crímenes de la dictadura.
Las primeras tres semanas del gobierno de Kast han estado marcadas por críticas y bochornos protagonizados por ministras y ministros, según reportes de medios progresistas. Este escenario refuerza la percepción de que se trata de un gobierno del desmantelamiento, particularmente preocupante para quienes buscan justicia transicional. La agrupación histórica que representa a familiares de víctimas de la dictadura pinochetista enfrenta ahora un panorama donde las garantías para avanzar en las investigaciones podrían verse comprometidas.
La resistencia de las organizaciones de derechos humanos se fortalece ante la evidencia de que figuras vinculadas al pinochetismo ocupan espacios de poder. La memoria colectiva se convierte en trinchera frente a un proyecto político que busca reescribir la historia reciente. La desconfianza expresada por la dirigenta refleja una postura de alerta máxima, donde la defensa de los avances en verdad y justicia se transforma en una batalla contra el revisionismo histórico que amenaza con instalarse desde el Estado.
