La ONU lanzó un duro llamado al Estado peruano exigiendo acciones urgentes frente a los crímenes cometidos durante la época del caucho. Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas expresaron "grave preocupación" por la ausencia de medidas de verdad, justicia y reparación por las violaciones sistemáticas contra pueblos indígenas entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Este pronunciamiento internacional llega como respaldo a la demanda judicial presentada por el colectivo Tsiuni, integrado por jóvenes de once pueblos amazónicos que exigen una Comisión de la Verdad.
El antropólogo Alberto Chirif, con cinco décadas de investigación en la Amazonía, analiza con crudeza la continuidad del racismo estructural. "El caso del caucho pone en evidencia el racismo en el Perú", afirma el especialista. Chirif destaca cómo las víctimas indígenas fueron consideradas "salvajes" o "inferiores", lo que permitió justificar la violencia y presentar a los caucheros como "agentes civilizadores". El experto recuerda que el Estado solo intervino cuando la empresa de Julio César Arana se convirtió en compañía con capitales ingleses, respondiendo a presión externa, no por convicción propia.
Los relatores de la ONU identifican a la Casa Arana y Hermanos como principal responsable de un sistema basado en endeudamiento forzado, trabajo esclavo y violencia sistemática. Pueblos como Huitoto, Bora, Ocaina, Kukama y otros sufrieron torturas, ejecuciones masivas, violencia sexual y desplazamientos forzados. La comunicación oficial subraya que estos crímenes ocurrieron con complicidad estatal, reforzando la responsabilidad histórica del Perú. La demanda del colectivo Tsiuni, presentada en octubre de 2025 ante el Juzgado de Nauta, busca no solo verdad histórica sino reformas educativas que incluyan estos hechos en la currícula nacional.
Chirif expresa escepticismo sobre resultados concretos, pero valora que el tema entre al debate público. "Puedo imaginar al Congreso cerrando filas y repitiendo las mismas negaciones", advierte. La ONU insta al Perú a adoptar medidas holísticas en consulta con comunidades indígenas, advirtiendo que de persistir la inacción podría llevar el caso al Consejo de Derechos Humanos. Más de cien años después, la lucha por memoria enfrenta el mismo racismo que permitió el genocidio, evidenciando cómo el despojo indígena sigue siendo política de Estado disfrazada de olvido.
