La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) lanzó un contundente rechazo a las políticas que buscan convertir la gratuidad universitaria en herramienta de control disciplinario. Tras su primer Encuentro Nacional del año, la agrupación estudiantil denunció la criminalización sistemática del movimiento social y anunció una estrategia de movilización nacional coordinada con organizaciones sociales más allá del ámbito educativo.
La declaración de la Confech es clara: la gratuidad representa una conquista histórica del movimiento estudiantil, no un favor transable que pueda retirarse como castigo. Los dirigentes enfatizaron que el acceso y permanencia en la educación superior no pueden depender del poder adquisitivo familiar, exigiendo al Estado un modelo de financiamiento justo y transparente con mecanismos de fiscalización efectivos. Esta postura surge como respuesta directa a propuestas que buscan extender iniciativas como la ley de Escuelas Protegidas a la educación superior.
Diego Torres, vocero nacional de la Confech, advirtió sobre la criminalización del movimiento estudiantil, señalando que proyectos como Aula Segura "sirvieron como excusa para criminalizar los movimientos sociales". La organización rechaza cualquier medida que sancione a estudiantes con pérdida de beneficios, posición reforzada por Andrea Abarca, presidenta de la Feusach, quien afirmó que "nadie puede estar por encima del derecho a estudiar".
La Confech desarrolla una estrategia política de agitación y movilización con coordinación nacional, estableciendo alianzas con diversos sectores sociales. Las convocatorias se realizarán en momentos estratégicos para defender derechos y acumular fuerza social, incluyendo a estudiantes secundarios y técnicos. La organización reafirmó su carácter feminista y de disidencias, integrando estas luchas en su proyecto y abogando por una Educación Sexual Integral obligatoria.
El movimiento estudiantil mantiene disposición al diálogo pero acusa falta de voluntad gubernamental, señalando decisiones "a puertas cerradas", recortes presupuestarios y reformas anunciadas sin consulta previa. Esta confrontación marca un nuevo capítulo en la histórica tensión entre el Estado y el movimiento estudiantil chileno, donde la defensa de derechos conquistados se enfrenta a políticas de control que buscan disciplinar la protesta social bajo el neoliberalismo educativo.
