El sistema de salud para jubilados atraviesa su momento más crítico en años. Médicos y odontólogos que prestan servicios en PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas denunciando recortes salariales brutales, atrasos en pagos y condiciones laborales insostenibles. Fernanda Scoccia, odontóloga y secretaria de la asociación de profesionales, reveló que algunos colegas ven reducidos sus ingresos de 2.100.000 a 1.400.000 pesos mensuales por el mismo trabajo.
La situación es desesperante para quienes atienden a la población más vulnerable. Los odontólogos reciben una cápita de apenas 372 pesos, cifra que ni siquiera cubre los insumos básicos. Los pagos se demoran meses: Scoccia cobró en marzo prótesis entregadas en noviembre y aún espera pagos de diciembre. Esta asfixia financiera obliga a muchos profesionales a cuestionar si pueden seguir costeando el traslado a sus consultorios.
El paro mantiene la atención de urgencias, pero expone la fractura estructural del sistema. Los adultos mayores quedan en el medio, con coberturas que se vuelven cada vez más ficticias. Desde el organismo atribuyen la crisis a deudas presupuestarias y falta de fondos, pero quienes pagan el costo son los profesionales y, fundamentalmente, los afiliados que necesitan atención médica constante.
Esta crisis no es casualidad sino consecuencia de políticas de ajuste que priorizan números sobre personas. Cuando se recorta en salud de adultos mayores, se ataca el derecho básico a una vejez digna. La solidaridad intergeneracional se rompe, y quienes construyeron el país quedan abandonados a su suerte. El paro es un grito de auxilio que debería resonar en toda la sociedad: sin salud para los mayores, no hay futuro para nadie.