Keiko Fujimori, heredera política del régimen autocrático de su padre Alberto Fujimori, se perfila hacia su cuarto balotaje consecutivo tras las elecciones marcadas por el caos logístico y las acusaciones de fraude. Con apenas el 40% de las actas escrutadas, la candidata fujimorista lidera los conteos oficiales, celebrando lo que llama una victoria sobre "el enemigo de izquierda". Su discurso revive la retórica polarizante que caracterizó al fujimorismo histórico, ahora adaptada a un contexto regional donde crecen los gobiernos de derecha con apoyo del régimen Trump.
La verdadera incertidumbre se concentra en la disputa por el segundo cupo al balotaje de junio. El ultraconservador Rafael López Aliaga, conocido como "Porky", aparece como principal contendiente, seguido por el socialdemócrata Jorge Nieto y el empresario centrista Ricardo Belmont. Esta fragmentación refleja la incapacidad de las fuerzas políticas para consolidar proyectos alternativos al fujimorismo, en un país donde más del 90% de la población expresa poca o ninguna confianza en sus instituciones.
El proceso electoral estuvo marcado por graves fallas que obligaron a medidas excepcionales. Más de 63.000 personas no pudieron votar en Lima debido a la falta de materiales, generando protestas masivas frente a la autoridad electoral. La ONPE reconoció los problemas de distribución, responsabilizando a una empresa proveedora. Ante esta situación, las autoridades extendieron la votación por un día adicional, una decisión sin precedentes que algunos candidatos calificaron como "fraude electoral gravísimo".
La crisis logística se suma a un contexto de profunda desconfianza ciudadana. Durante la jornada electoral, policías anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada del reparto de materiales, evidenciando el nivel de sospecha institucional. Decenas de manifestantes gritaban "fraude, fraude" frente a la máxima autoridad electoral, en escenas que recuerdan los momentos más convulsos de la política peruana reciente.
Los discursos de campaña se centraron en la seguridad, con propuestas radicales que incluyen tribunales anónimos, cárceles rodeadas de serpientes y premios por matar criminales. Esta retórica punitiva responde a una realidad donde la criminalidad y el narcotráfico han ganado terreno, coincidiendo con la llegada de grupos criminales transnacionales. Los peruanos enfrentan una paradoja: viven en una de las economías más estables de la región, pero sufren una violencia creciente y una inestabilidad política crónica.
El próximo presidente heredará un país con ocho mandatarios en la última década, un Congreso fragmentado y una ciudadanía profundamente desencantada. La gobernabilidad dependerá de la capacidad para negociar en un escenario donde el fujimorismo busca consolidar su retorno al poder, prometiendo expulsar migrantes irregulares y alinearse con los gobiernos de derecha regionales. Perú se encuentra así en una encrucijada histórica: entre el legado autoritario que resurge y la fragmentación política que impide construir alternativas sólidas. La democracia peruana, ya debilitada por años de inestabilidad, enfrenta su prueba más difícil en décadas.
