El conflicto judicial bonaerense estalla con una medida de fuerza que promete paralizar el sistema de justicia en toda la provincia. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro con retiro de los lugares de trabajo desde el mediodía del próximo miércoles, una escalada que sigue a la Jornada Provincial de Protesta realizada el 8 de abril. El gremio apunta directamente a la Suprema Corte bonaerense, acusándola de no dar respuestas concretas a reclamos históricos que combinan salarios, carrera judicial e infraestructura.
El eje del conflicto se centra en demandas estructurales que el sindicato considera impostergables. La implementación de subcategorías aparece como punto central, específicamente la creación de una subcategoría E para trabajadores con menor antigüedad y la extensión de este beneficio a jubilados y pensionados según el Acuerdo 4093. Para la AJB, esta herramienta permitiría comenzar a corregir el atraso salarial acumulado que afecta a todo el sector.
La protesta judicial no se limita a lo salarial. El reclamo incluye la convocatoria urgente a una Mesa Técnica de Carrera Judicial, avances en la ley de paritarias específica para el sector y mejoras sustanciales en infraestructura y seguridad de las dependencias. Desde el gremio sostienen que la situación se ha vuelto insostenible, con respuestas parciales y dilaciones administrativas que ya no alcanzan para contener el malestar creciente entre les trabajadores judiciales.
La medida afectará especialmente La Plata, cabecera de uno de los departamentos judiciales más importantes del territorio bonaerense. Con el retiro previsto desde el mediodía, se espera una afectación significativa en la atención al público, el movimiento interno de tribunales y la actividad en oficinas judiciales durante toda la segunda parte de la jornada. El paro judicial expone las tensiones profundas dentro del Poder Judicial bonaerense, donde la falta de diálogo y respuestas concretas desde la máxima autoridad judicial provincial ha llevado a un punto de ruptura que refleja el deterioro generalizado de las condiciones laborales en el sector público bajo políticas de ajuste estructural.
