La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles 15 de abril, marcando otro capítulo en la larga historia de movilizaciones del gremio docente. La protesta responde directamente a lo que el sindicato califica como "fallas críticas" en la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio administrado por la Fiduprevisora. Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, fue claro: se trata del "incumplimiento en los acuerdos de mejora en los servicios de atención médica".
Los docentes denuncian un sistema de salud que no responde. Las dificultades son múltiples: retrasos excesivos para obtener citas médicas, obstáculos para mantener tratamientos en curso, falta de cobertura adecuada en regiones apartadas y escasez de medicamentos. El sindicato responsabiliza tanto a la Fiduprevisora como al Consejo Directivo del Fomag por no aplicar correctivos suficientes frente a estas fallas sistémicas. La protesta incluirá movilizaciones en cinco capitales principales: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
La convocatoria generó reacciones políticas inmediatas. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la coherencia del gremio, señalando la aparente contradicción entre protestar contra el gobierno de Petro y respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda, decisión adoptada por la Junta Nacional de Fecode en marzo. Desde el sindicato, sin embargo, insisten en que la movilización busca defender "la vida, la dignidad de quienes educamos y la educación pública que merece toda la comunidad".
El paro docente expone las tensiones persistentes entre un gobierno que prometió transformaciones sociales y un sector histórico de la lucha popular que siente que las promesas no se materializan en mejoras concretas para su bienestar. La jornada de 24 horas plantea interrogantes sobre la efectividad de medidas de presión de corta duración frente a problemas estructurales del sistema de salud. El magisterio colombiano, una vez más, demuestra que su lucha trasciende lo salarial para abarcar derechos fundamentales como la salud digna, en un contexto donde la educación pública sigue siendo terreno de disputa política y social.
