La confesión del empresario Hugo Barabucci desató un terremoto político en Río Negro. El polista santafesino admitió públicamente que en 2017 compró 20 mil hectáreas en un Área Natural Protegida y Zona de Seguridad de Frontera con dos millones de dólares "donados" por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Su declaración judicial reveló lo que muchos sospechaban: actuaba como testaferro de la familia real de Abu Dhabi.
La legisladora Magdalena Odarda presentó dos pedidos de informes con 34 preguntas detalladas al gobierno provincial y al Ministerio Público Fiscal. Las interrogantes buscan esclarecer si hubo irregularidades o delitos en esta operación que viola múltiples leyes nacionales. El escándalo expone cómo el capital concentrado extranjero, con complicidad de autoridades locales, se apropia del patrimonio social argentino.
La investigación debe determinar si se verificó el origen lícito del dinero, si se cumplieron las leyes de tierras, seguridad fronteriza y protección de bosques nativos. También si Barabucci es realmente el propietario o solo un prestanombre del fideicomiso Amaike controlado por ciudadanos emiratíes. La operación involucra sociedades fantasma que atraviesan escrituras hasta conformar estructuras opacas.
Este caso emblemático muestra la connivencia entre el poder político provincial y los intereses del capital extranjero. La entrega de tierras estratégicas en áreas protegidas a jeques árabes configura un despojo sistemático que solo es posible con la anuencia de quienes deberían proteger el patrimonio nacional. La investigación judicial y legislativa debe avanzar sin concesiones para desmantelar estas redes de desapoderamiento.
