La movilización organizada por comunidades awajún y wampis consiguió lo que meses de reclamos institucionales no habían logrado: la reactivación de las fiscalías especializadas en violencia sexual en Condorcanqui, Amazonas. El Ministerio Público confirmó el retorno de las unidades de Río Santiago y El Cenepa tras el despido de 26 trabajadores bajo el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios, un sistema que precarizaba el trabajo estatal hasta 2021 y que luego intentó dar mayor estabilidad) que había dejado más de 800 denuncias en riesgo de impunidad.
La decisión del cierre, justificada en falta de presupuesto, generó indignación en una provincia que registra alrededor de seis denuncias mensuales de abuso sexual contra menores. Las cifras oficiales muestran 93 casos en 2024, 87 en 2025 y al menos uno en lo que va de 2026. La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, Rosemary Pioc Tenazoa, anunció durante la marcha del 13 de febrero que el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, había ordenado la reactivación inmediata.
El desmantelamiento no sólo paralizó investigaciones sino que comprometió el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, dejando sin profesionales especializados los procesos de evaluación legal, psicológica y social de las víctimas. Gilder Zapana Mayta, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, señaló que se evalúa el retorno del personal despedido.
La victoria indígena expone la fragilidad del sistema de justicia en territorios históricamente abandonados, donde la protección de derechos depende de la presión social organizada. Las comunidades demostraron que la resistencia colectiva puede torcer decisiones administrativas que perpetúan la violencia estructural contra mujeres y niñas indígenas. El caso revela cómo los recortes neoliberales en servicios esenciales se traducen en impunidad para los agresores y desprotección para las víctimas más vulnerables, pero también, cómo la organización y protesta en la calle genera transformaciones.
