El Senado boliviano ha puesto en marcha un mecanismo de fiscalización que obliga al gobierno a explicar la situación crítica del pueblo indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo. José Manuel Ormachea, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, activó el procedimiento tras una investigación periodística que reveló cómo este pueblo navegante enfrenta condiciones de etnocidio. La administración de Rodrigo Paz Pereira tiene quince días hábiles para responder sobre el hacinamiento severo, la pobreza extrema y la contaminación por mercurio que amenazan la existencia de 358 personas, incluyendo 140 niños.
La comunidad vive confinada en ocho hectáreas a orillas del río Beni, donde la minería ilegal ha contaminado las aguas con niveles de mercurio seis veces superiores a los permitidos. Estudios de la Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios ya habían alertado sobre el riesgo de extinción física y cultural. La investigación periodística desnudó cómo el Instituto Nacional de Reforma Agraria relegó durante años la demanda territorial de los ese ejjas, priorizando en cambio la dotación de tierras a organizaciones sociales afines al anterior gobierno.
Entre 2013 y 2018, el INRA otorgó 42 resoluciones de asentamiento a comunidades campesinas e interculturales, adjudicando 81.048 hectáreas en la misma región amazónica donde los ese ejjas esperaban su territorio. Esta superficie supera el tamaño de Nueva York. En contraste, a los indígenas se les ofrecieron primero 900 hectáreas en medio del monte, lejos de los ríos, y luego 1.141 hectáreas en Rurrenabaque que ya estaban avasalladas por campesinos y privados. El INRA incumplió el acuerdo de 2009 que prometía 20.000 hectáreas en el Parque Nacional Madidi.
Wilson Tórrez, líder ese ejja, expresa la frustración acumulada: "El INRA ha jugado con nosotros". Su pueblo rechaza asentarse en tierras en disputa: "No queremos conflictos, somos pacíficos". La situación refleja una deuda histórica del Estado boliviano con los pueblos originarios, donde la burocracia y los intereses políticos han primado sobre derechos constitucionales. El mecanismo de fiscalización del Senado podría escalar hasta la interpelación ministerial si no hay respuestas concretas, en un test crucial para la nueva administración frente a la emergencia indígena.
