La polémica se desató en el Congreso chileno tras el cruce entre los diputados Daniel Serrano del Partido Comunista y Diego Schalper de Renovación Nacional. Serrano calificó el proyecto "Escuelas Protegidas" como "antipobres", denunciando que criminaliza a estudiantes de sectores vulnerables. Schalper defendió la iniciativa del gobierno de Kast, argumentando la necesidad de mayor seguridad en los establecimientos educacionales. Este enfrentamiento parlamentario revela la profunda división política sobre cómo abordar la violencia en las aulas.
Las propuestas del régimen de Kast incluyen aumentar controles en escuelas y endurecer penas por delitos en establecimientos educativos. Estas iniciativas llegan después de casos mediáticos como el asesinato de una asistente de educación en Calama y agresiones a autoridades en Valdivia. Sin embargo, críticos señalan que se utiliza estos hechos aislados para justificar medidas autoritarias. El Colegio de Profesoras y Profesores, a través de su presidente Mario Aguilar Arévalo, manifestó su postura crítica ante los proyectos del Ejecutivo, aunque el contenido específico de su declaración no está disponible en las fuentes consultadas.
La iniciativa "Escuelas Protegidas" representa una peligrosa escalada en la criminalización de la protesta social estudiantil. Bajo la retórica de la seguridad, se esconde un proyecto político que busca silenciar la disidencia en las aulas y fortalecer mecanismos de control sobre la juventud. Esta estrategia sigue patrones autoritarios observados en otros contextos, donde gobiernos de ultraderecha utilizan discursos de "orden" para restringir derechos democráticos. La educación pública, ya golpeada por décadas de políticas neoliberales, enfrenta ahora una nueva amenaza: la transformación de espacios educativos en territorios de vigilancia y represión.
