La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados (Planametox) destapó una bomba de tiempo: el Plan Especial Multisectorial (PEM), aprobado en 2021 para atender a víctimas de la contaminación minera, solo alcanzó una quinta parte de su ejecución. Los constantes cambios de funcionarios convirtieron la promesa en papel mojado. Para colmo, el presupuesto 2026 asigna apenas 13 millones de soles para más de seis millones de personas expuestas. Dos soles por cabeza. Una miseria que huele a abandono criminal.
La situación es particularmente brutal con la infancia. En 2025, más de diez niñas y niños murieron por intoxicación vinculada a petróleo, mercurio y cadmio. Treinta mil menores siguen esperando atención mientras el Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales sigue sin crearse. Sin registro, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay tratamiento. Sin tratamiento, la muerte llega silenciosa, como le pasó a Zoe Carrión Trujillo, la niña de Cerro de Pasco que cargó arsénico y plomo en la sangre hasta los 12 años, víctima de la minería a tajo abierto de Volcan.
La hipocresía del modelo extractivista queda al desnudo: la inversión minera creció 9 millones de dólares en 2025, pero la partida para las víctimas es la más baja en una década. Áncash, Cusco, Puno, Pasco y otras regiones con casos emblemáticos como La Oroya o Espinar reciben migajas mientras las transnacionales siguen succionando riqueza. El delirio neoliberal prioriza ganancias sobre vidas humanas, y el Estado cómplice mira hacia otro lado mientras el plomo y el arsénico siguen corriendo por las venas de la niñez peruana.
