La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró estado de alerta máxima y asamblea permanente en la Secretaría de Trabajo, anticipando un plan de lucha que podría incluir medidas de acción directa. La decisión responde a lo que el gremio denuncia como un plan sistemático de desguace institucional y despidos masivos, profundizado tras la aprobación de la regresiva reforma laboral. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, advirtió que están bajo amenaza todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como los puestos laborales en todo el país.
El conflicto se agudiza con la inminente finalización del programa "Volver al Trabajo", que alcanza a casi un millón de personas y cuya vigencia caduca el próximo 30 de abril. Según información del sindicato, la gestión actual no tendría intenciones de renovar esta política pública, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad sin cobertura. Aguiar alertó sobre el riesgo que enfrentan las áreas de control y fiscalización laboral, así como la capilaridad federal del organismo, elementos fundamentales para garantizar derechos en un contexto de reformas regresivas.
Desde ATE sostienen que el gobierno intenta transformar la Secretaría de Trabajo en una estructura que responda exclusivamente a los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Hernán Izurieta, delegado de la Coordinación Nacional de ATE Trabajo, señaló que los trabajadores vienen resistiendo desde hace más de un año los intentos de desguace por parte del Ministerio de Desregulación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La sanción de la reforma laboral, calificada como "regresiva y explotadora", crea condiciones favorables para una nueva ofensiva en el vaciamiento institucional.
La organización sindical ratificó su compromiso de defender hasta las últimas consecuencias todos los puestos de trabajo y las funciones históricas de la cartera laboral. Aguiar enfatizó que la Secretaría debe seguir funcionando como el último resguardo legal para impedir que, tras la vigencia de la reforma laboral, se vulneren los derechos de los trabajadores tanto en el ámbito público como en el privado. El sindicato prepara movilizaciones y acciones concretas para enfrentar lo que considera un ataque frontal contra el Estado de bienestar y las conquistas laborales históricas.
Este conflicto expone la contradicción fundamental del modelo económico actual: la retórica de eficiencia y modernización esconde un proyecto de desmantelamiento sistemático de las instituciones que protegen a los sectores más vulnerables. La resistencia de ATE representa no sólo la defensa de puestos de trabajo, sino la protección de políticas públicas esenciales que garantizan mínimos de dignidad en un contexto de ajuste estructural. La batalla en la Secretaría de Trabajo es emblemática de la disputa entre un Estado que debe regular en función del interés colectivo y un proyecto que busca subordinar todas las instituciones a la lógica del mercado y las corporaciones.
