Diez años después del brutal asesinato de Berta Cáceres, la justicia sigue siendo esquiva en Honduras. La cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue eliminada por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pero quienes planificaron el crimen permanecen impunes. Un reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma lo que las comunidades denuncian desde hace una década: el Estado hondureño omitió proteger a la defensora y el crimen era previsible.
El informe del GIEI, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela que el asesinato fue ejecutado por una estructura que involucró a sicarios, paramilitares y directivos de la empresa DESA. Ana Piquer de Amnistía Internacional denuncia que la familia y el COPINH solo han encontrado "una justicia a medias". Honduras mantiene el triste récord de ser uno de los países más letales para defensores ambientales, con el 97% de los casos en impunidad según Global Witness.
La lucha de Berta Cáceres ha sido recogida por su hija Bertha Zúñiga Cáceres, quien ahora lidera el COPINH. La organización afirma que "Berta triunfa sobre la muerte" y su voz "sigue más viva en las luchas del pueblo lenca". Misioneros como Silvia Heredia, con 24 años en Honduras, recuerdan que Berta "está sembrada en todas las rebeldías", transformando su asesinato en semilla de resistencia.
El contexto político hondureño explica esta impunidad estructural. Como denunciaron en 2018 los activistas Pedro Landa y Consuelo Soto, Honduras vive bajo un "régimen extractivista" que ha convertido el país en una subasta para transnacionales. Landa documentó cómo se aprobaron 587 proyectos mineros y 123 hidroeléctricos, muchos de manera irregular. La criminalización de defensores es sistemática: más de 600 enfrentan procesos judiciales fabricados.
La complicidad entre élites económicas, fuerzas de seguridad y poder político crea una maquinaria de muerte. El ejército y la policía tienen intereses económicos en los proyectos extractivos, actuando como "accionistas" de la represión. Cuando las comunidades indígenas se oponen, enfrentan amenazas, criminalización y asesinatos. Consuelo Soto, indígena tolupán, sobrevivió a múltiples atentados después de que sicarios mataran a tres compañeros en 2012 y luego a su esposo.
La memoria de Berta Cáceres expone la brutalidad del capitalismo extractivo que sacrifica vidas indígenas por ganancias corporativas. Su legado cuestiona no solo al Estado hondureño sino también a los gobiernos y empresas internacionales que financian estos proyectos. Diez años después, su siembra sigue germinando en cada defensa del territorio, recordando que la justicia ambiental es inseparable de la justicia social y que la impunidad de hoy alimenta las rebeldías del mañana.
