La crisis política en Bolivia entró en una fase de máxima tensión. Campesinos aimaras ratificaron el paro indefinido y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras los choferes de El Alto se sumaron a los bloqueos que ya llevan dos semanas paralizando rutas clave hacia el interior del país y la frontera con Perú. La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Mineros y organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales encabezan una movilización que crece por horas.
El lunes, miles de personas intentaron llegar a la Plaza Murillo, sede del gobierno, pero fueron recibidas con gases lacrimógenos y una represión que dejó 124 detenidos y varios heridos. La Fiscalía liberó a 95 de los arrestados, pero emitió orden de captura contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, acusado de terrorismo e instigación a delinquir. El dirigente está en la clandestinidad. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, prometió "mano dura" contra los bloqueos.
El ajuste aplicado por Paz en apenas seis meses de gestión explica la bronca popular: gasolinazo, devaluación, desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la polémica ley 1720 que permite a latifundistas quedarse con tierras campesinas. La respuesta del gobierno no es diálogo sino más represión, con drones sobrevolando El Alto y militares en las calles. Sectores de la derecha cruceña, como la Asamblea de la Cruceñidad, piden estado de excepción para intensificar la mano dura.
Pero el pueblo no afloja. Este martes se realizan cabildos abiertos para definir los próximos pasos, y la consigna "¡Fuera Paz!" resuena en cada rincón del altiplano. Lo que está por verse es si las conducciones gremiales resistirán la presión del gobierno o si, como advierte la izquierda revolucionaria, terminarán pactando. Lo cierto es que la insurrección boliviana ya dejó cuatro asesinados y un país partido al medio.
