La tensión social en Bolivia no da tregua. Mientras las protestas y los bloqueos de caminos se extienden por varios departamentos, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un creciente rechazo popular que exige su renuncia. Las movilizaciones, encabezadas por sectores populares y organizaciones sociales, denuncian el aumento del costo de vida, la falta de combustibles y la crisis económica que golpea a las mayorías. La respuesta oficial, lejos de abrir el diálogo, apuesta por la criminalización de la protesta.
Una de las denuncias más graves que circulan en estas horas tiene que ver con la complicidad internacional. Medios locales e internacionales señalan que el gobierno argentino de Javier Milei habría enviado gases lacrimógenos a Bolivia para colaborar con la represión de las marchas. La información, que ya genera indignación en ambos lados de la frontera, apunta a un acuerdo entre los gobiernos de Paz y Milei para utilizar material antidisturbios contra el pueblo boliviano.
Mientras tanto, la marcha que bajó desde El Alto hasta la sede de gobierno marcó un punto de inflexión. Miles de personas recorrieron los casi quince kilómetros que separan ambas ciudades para plantar cara al mandatario. El grito de "renuncia ya" se escuchó con fuerza en cada esquina. La movilización, que contó con amplia participación de gremios, juntas vecinales y sectores indígenas, dejó en claro que el descontento no es un fenómeno pasajero sino una crisis de legitimidad profunda.
Lo que está ocurriendo en Bolivia no es un simple conflicto social más. Es la expresión de un modelo que se agota, de un gobierno que perdió todo vínculo con las bases que alguna vez lo sostuvieron. Y mientras Paz se aferra al poder con gases y represión, el pueblo demuestra que la calle sigue siendo el territorio de la dignidad. La solidaridad internacional, especialmente desde Argentina, debe estar del lado de quienes resisten, no de quienes reprimen.
