A seis meses de la “terapia de shock” del gobierno de Rodrigo Paz, Bolivia arde con una inflación del 14%, combustibles al triple y subsidios hechos trizas. Pero el estallido popular que sacudió las calles entre el 11 y 16 de mayo no se explica solo por el bolsillo. El sociólogo Pablo Ortiz, desde Ecuador, lanza una pregunta incómoda: ¿fue la gasolina o un acto de desprecio público lo que encendió la mecha? Detener a un dirigente aymara en Caracollo puede pesar más que el precio del pan.
El relato de un “pueblo unido contra el régimen” se desmorona al pisar territorio. En Potosí los cooperativistas negocian diésel con el gobierno; en el Chapare los leales a Evo esperan. No hay un solo bloque popular, dice Ortiz, sino una asamblea donde unos cantan “La Internacional” y otros rezan a la Pachamama. La fragmentación no es debilidad: es la textura real de una rebelión sin partido.
Del otro lado, el poder tampoco es un monolito. El bloque dominante junta a la banca cruceña, la agroindustria y las transnacionales del litio. El Comité Cívico pide “diálogo”, no renuncia: saben que un presidente débil negocia mejor. Mientras, el régimen Trump, Marco Rubio y el Comando Sur observan en silencio depredador, esperando renegociar el litio a la baja. Poco importa el nombre del mandatario si el saqueo sigue.
En las calles conviven al menos cuatro posiciones: desde la renuncia con constituyente hasta la negociación por subsidios. La clase media urbana mira con miedo a la “venezuelización”, y ese terror sigue siendo el calmante contrarrevolucionario perfecto. La pregunta final de Ortiz es quirúrgica: sin programa soberano ni alianza orgánica, ¿esta rebelión fragmentada tiene dirección estratégica o es puro desborde reactivo? Cuando griten “Paz, renuncia”, habrá que responder: ¿y después, quién? Porque el enemigo no duerme, pero la oportunidad de construir poder dual tampoco espera.
