La situación alcanza niveles críticos en 2026. Según ACNUR, Uruguay alberga más de 70.000 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de protección internacional, pero el sistema está colapsado. La Comisión de Refugiados (CORE) acumula aproximadamente 31.975 solicitudes pendientes, con otras 37.000 personas necesitando protección. Esta saturación afecta principalmente a ciudadanos cubanos y venezolanos, generando incertidumbre y dificultades para regularizar documentos.
La ONG Idas y Vueltas, con más de 20 años de trabajo, denuncia que estas demoras constituyen una vulneración de derechos humanos. Leroy Gutiérrez, presidente de la organización, señala que la ley uruguaya establece que el Estado debe garantizar el acceso al estatus de refugiado, pero la realidad dista de esa disposición legal. Las esperas pueden extenderse hasta dos años o más, creando un "cuello de botella" sistémico.
Sin cédula de identidad permanente, los solicitantes enfrentan barreras insalvables para conseguir trabajo. Rodrigo Vivas, asesor jurídico de la ONG, explica que "sin cédula es muy difícil conseguir trabajo, porque se la piden en todos lados". Aunque existe un trámite para obtener una cédula temporal, este proceso puede demorar meses debido a problemas generalizados en la emisión de documentos.
La situación se agrava con la imposibilidad de reunificación familiar. Los solicitantes no tienen derecho a este proceso hasta que su estatus sea aprobado, lo que significa años de separación de seres queridos. La organización documenta casos de personas esperando tres años para avanzar con el asilo y ver a sus hijos.
Para las personas cubanas, la solicitud de refugio se convierte en una estrategia de ingreso al país debido a la exigencia de visa. Viajan desde Cuba a Guyana (sin requisito de visa), cruzan Brasil de forma irregular y solicitan refugio en la frontera uruguaya para regularizar su situación. Esta dinámica contribuye a la acumulación de casos.
Idas y Vueltas ha planteado soluciones en el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, proponiendo eliminar la exigencia de visas para nacionalidades cubanas y dominicanas, y asignar más recursos para tramitar solicitudes. Sin embargo, Vivas anticipa "parches" y "paños fríos" en lugar de soluciones definitivas.
El discurso de odio y la xenofobia en redes sociales preocupan a la organización. Gutiérrez advierte que esta violencia comunicacional "puede llegar fácilmente a pasar a ser violencia física", criticando la falta de acción estatal frente a estas manifestaciones de intolerancia.
La crisis migratoria uruguaya expone las contradicciones de un sistema que promete protección pero entrega burocracia. Más allá de las cifras, hay miles de historias humanas atrapadas en el limbo administrativo, esperando que el Estado cumpla con su obligación de garantizar derechos fundamentales. La solución requiere voluntad política y recursos, no solo diagnósticos.
