El sistema neoliberal nos vende cotidianamente una ficción de orden que denomina paz. Esta supuesta tranquilidad consiste únicamente en la consolidación del triunfo de las élites, que han logrado estabilizar su dominio a través de un entramado legal que les favorece sistemáticamente. Nos enseñan a ver la violencia solo en el arrebato individual o en la protesta callejera, ocultando que el mismo Estado de Derecho es, en su núcleo, violencia institucionalizada. Resulta imperativo reconocer que la apropiación del sudor ajeno y la miseria de las mayorías constituyen el motor de una guerra objetiva que el poder prefiere no nombrar.
La filosofía moderna intentó explicar este conflicto apelando a una supuesta naturaleza humana agresiva que debía ser domada por la razón o la moral. Hobbes propuso la disciplina del Derecho como un freno necesario, e Immanuel Kant apeló a una responsabilidad moral que descansa únicamente en los hombros de cada individuo. Carlos Pérez Soto rescata el giro hegeliano donde la violencia surge de la libertad misma y del deseo de ser reconocides por le otre. En esta perspectiva, la conflictividad no es un defecto de fábrica de nuestra biología sino una marca constitutiva de la historia humana que el bando dominante intenta administrar mediante el miedo.
El obstáculo más insidioso para la liberación es la enajenación, una situación de hecho que excede la simple mentira o el error. Quien habita una realidad enajenada no puede ver sus propias cadenas por mero diálogo, ya que su propia existencia está configurada por una estructura de opresión que le impide la lucidez. La enajenación es una situación de violencia constituyente donde cada parte en lucha racionaliza el mundo desde su propia verdad contrapuesta. Consecuentemente, de este estado sólo se puede salir mediante un acontecimiento que rompa la situación establecida, un acto que para la lógica del poder siempre resultará violento.
Las academias actuales suelen perderse en discusiones sobre la biopolítica o el biopoder, convirtiendo el horror en una moda sofisticada y banal que desvía la mirada de la explotación real. Estas retóricas moralizantes se centran en el cuerpo violentado de manera abstracta, pero ignoran los mecanismos concretos de la reindustrialización que nos agota subjetivamente. Nosotres debemos distinguir entre la violencia vanguardista, que busca el sacrificio inútil o la venganza personal, y la violencia de masas, que es un derecho legítimo de les productores directos. La huelga, la toma y la protesta masiva son herramientas de justicia frente a un Derecho de Estado que protege el lucro por sobre la vida.
Reivindicar la violencia revolucionaria contra la violencia estructural no es un llamado al odio, sino un ejercicio de soberanía para terminar con la lucha de clases. No se trata de perseguir personas individuales, sino de derrocar los sistemas de normas que garantizan el despojo y la precariedad simbólica de les oprimides. Debemos reconocer a nuestros enemigos los mismos derechos humanos que ellos nos niegan, pero manteniendo la firme voluntad de destruir el orden que legitima su privilegio. La revolución es una larga marcha hacia el comunismo, un horizonte donde el reencuentro humano no requiera ya de instituciones que nos vigilen ni de leyes que nos cosifiquen.
