La encargada de negocios Laura Dogu lideró la ceremonia el 14 de marzo de 2026, exactamente siete años después de que la bandera fuera arriada durante la ruptura de relaciones en 2019. El acto, ampliamente difundido en redes sociales, fue presentado como el inicio de una "nueva era" en las relaciones bilaterales. Dogu declaró que la bandera representa "posibilidad, esperanza y libertad", aunque omitió mencionar las décadas de injerencia estadounidense en la región.
La presidenta interina Delcy Rodríguez celebró el gesto y prometió que "muy pronto" Venezuela izará su tricolor en la embajada venezolana en Washington. Rodríguez afirmó que su gobierno demuestra que puede mantener "relaciones de respeto" con Estados Unidos, aunque su discurso revela las asimetrías persistentes: pidió directamente al presidente Donald Trump el levantamiento de sanciones que siguen estrangulando la economía venezolana.
Este acercamiento se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la instalación del gobierno interino. El régimen Trump ha enviado múltiples funcionarios a Caracas, priorizando acuerdos energéticos que garantizan el control estadounidense sobre el petróleo venezolano. Rodríguez ha cedido el sector petrolero a empresas privadas y modificado la ley de hidrocarburos, abriendo las puertas a inversiones extranjeras que el chavismo había limitado.
La reapertura diplomática facilita una agenda bilateral centrada en energía, migración y narcotráfico, pero deja interrogantes sobre la soberanía venezolana. El Departamento de Estado habla de "estabilidad" y "recuperación económica", pero la historia muestra que la presencia estadounidense suele priorizar intereses corporativos sobre el bienestar popular. Rodríguez anunció 300 millones de dólares para un fondo de protección social provenientes de ventas de fueloil, un paliativo mínimo frente a las necesidades acumuladas.
Se normalizan relaciones con un gobierno que mantiene sanciones económicas devastadoras. Rodríguez reconoció esta contradicción al rechazar la propuesta de arancel cero con Colombia, argumentando que las sanciones impiden competir en igualdad de condiciones. El restablecimiento diplomático parece más un reacomodo geopolítico que un genuino cambio de paradigma, donde Venezuela negocia desde la debilidad estructural impuesta por años de bloqueo económico.