La Central Obrera Boliviana (COB) declaró estado de emergencia y movilización permanente, denunciando una "arremetida regresiva" contra los derechos laborales y sociales. La matriz sindical advirtió con acciones de presión escalonadas si el gobierno de Rodrigo Paz no atiende su pliego de demandas, que incluye el rechazo total a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, fue contundente: "Estas conquistas sociales han costado sangre y luto, no son transaccionales". La organización rechaza la reforma de la Ley 157 sobre tierras, que facilitaría el despojo de pequeñas propiedades agrarias mediante bancarización forzosa. Exige el archivamiento inmediato del proyecto "Antibloqueos", considerado un intento de criminalizar el derecho constitucional a la protesta.
La COB cuestiona duramente la política económica del gobierno, señalando que los préstamos internacionales "desproporcionales" hipotecan el futuro del país. Denuncia la mala calidad de la gasolina que daña el parque automotor y exige transparencia en las investigaciones del caso "Narcomaletas" y los nuevos hechos de narcotráfico en el aeropuerto de Viru Viru.
La organización también reveló su solidaridad con los trabajadores argentinos tras la reforma laboral de Javier Milei, advirtiendo que Bolivia podría seguir el mismo camino neoliberal. Argollo alertó sobre lo ocurrido en Argentina, donde se elevó la edad de jubilación a 70 años y se amplió la jornada laboral a 12 horas diarias.
Desde el sector campesino, Vicente Choque denunció el abandono gubernamental tras la pérdida de más de 3.000 hectáreas de cultivos en el Chapare. Criticó que el gobierno asiste inmediatamente al sector empresarial pero los campesinos no reciben fertilizantes ni ayuda para recuperar la producción.
La COB denuncia persecución política y difamación por parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público, vinculada a las movilizaciones de diciembre 2025 y enero 2026. La organización mantendrá el estado de emergencia permanente hasta que se descarten oficialmente las reformas que afecten derechos laborales históricos.
La organización sindical, histórica defensora de conquistas sociales, se prepara para una batalla que podría definir el futuro del modelo económico boliviano. La solidaridad con Argentina y el rechazo a políticas similares a las del régimen Trump evidencian una lectura regional de la ofensiva contra los derechos laborales. La movilización permanente anunciada sugiere que los trabajadores bolivianos no están dispuestos a retroceder en lo ganado con décadas de lucha.
