La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, marcando un precedente jurídico regional. El tribunal calificó el caso como "violencia reproductiva" dentro de una política estatal masiva que afectó a más de 300.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta sentencia establece por primera vez en la jurisprudencia interamericana los términos "esterilizaciones forzadas" como violación sistemática de derechos humanos.
El programa de planificación familiar implementado entre 1996 y 2001 operó como maquinaria de control poblacional dirigida específicamente contra mujeres rurales, indígenas y con bajos niveles de instrucción. La Corte determinó que las intervenciones se realizaban sin consentimiento informado, bajo presiones y en condiciones sanitarias deplorables. Los funcionarios médicos utilizaban el término "captar" para describir su acoso sistemático hacia las víctimas, quienes recibían visitas domiciliarias insistentes y ofertas de alimentos como incentivo.
La masividad del programa -con 90.000 ligaduras anuales y jornadas de hasta 60 intervenciones diarias- evidencia su carácter coercitivo. Celia Ramos, madre de tres hijas, falleció tras una operación de 21 minutos en un centro sin equipos adecuados. Su muerte se suma a otras 17 víctimas fatales documentadas. La sentencia exige al Estado peruano investigar a los responsables, prohibir futuros indultos y crear protocolos que garanticen consentimiento libre en materia de salud reproductiva.
Este fallo histórico desnuda cómo el fujimorismo instrumentalizó el aparato estatal para implementar políticas eugenésicas bajo el discurso de "frenar la pobreza". La justicia interamericana reconoce ahora lo que las organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron por décadas: un crimen de lesa humanidad que buscó controlar los cuerpos de las mujeres más vulnerables. La reparación pendiente exige no solo compensaciones económicas, sino transformaciones estructurales que impidan la repetición de estas violencias institucionales.
