La detención de Francisco Mateo Mateo, defensor del territorio guatemalteco, marca un patrón sistemático de criminalización contra líderes indígenas. Acusado de un asesinato ocurrido en 2014 durante conflictos por proyectos hidroeléctricos, su caso se suma a la reciente confirmación de sentencias de ocho y 24 años contra Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, autoridades mayas q'anjob'al. Estas resoluciones judiciales ocurren en un contexto de tensión política entre el presidente Bernardo Arévalo y el Poder Judicial, donde las comunidades indígenas que apoyaron su elección ahora enfrentan persecución penal.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos procesos carecen de sustento probatorio. En el caso de Mateo, la única evidencia sería el testimonio de una mujer que lo identifica como acompañante de su esposo asesinado, sin testigos ni medios que lo vinculen directamente al crimen. Los defensores señalan un patrón claro: quienes se oponen a hidroeléctricas o actividades extractivas automáticamente se convierten en "el problema" para el sistema judicial. Esta estrategia busca desgastar económicamente a las comunidades, generar conflictos internos y fracturar el tejido social.
La situación se agrava con desalojos masivos y órdenes de captura que reactivan casos antiguos. Brenda Guillén de UDEFEGUA advierte que el primer año del gobierno de Arévalo registró más de 15 desalojos, muchos basados en órdenes judiciales de años anteriores. Las empresas hidroeléctricas y mineras influyen directamente en las denuncias, criminalizando sistemáticamente a pueblos indígenas que rechazan proyectos nunca consensuados con las comunidades.
La renovación de autoridades judiciales genera expectativas limitadas entre defensores, quienes reconocen que el daño institucional de periodos anteriores tomará años en repararse. El Ministerio Público insiste en actuar con objetividad, pero la realidad muestra una justicia que opera como brazo represivo del extractivismo. Guatemala concentró más del 13% de los asesinatos de defensores ambientales reportados en 2024, revelando la violencia estructural contra quienes protegen sus territorios. La resistencia indígena enfrenta no solo balas, sino también sentencias que buscan silenciar desde los tribunales la defensa de la vida frente al capital.
