El cierre no fue una decisión pedagógica. A 1.100 metros del aula funciona una de las fuentes de emisiones de metano más importantes del mundo, según el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del PNUMA, que detectó fugas continuas en los tanques de YPF en Sierra Barrosa entre mayo de 2025 y mayo de 2026. El metano es incoloro e inodoro.
La directora Janet Alveal viene juntando firmas y silencios. Las familias reclamaron durante semanas, articuladas con la Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén, hasta que la ministra Soledad Martínez las recibió en la sede del Consejo. El lunes 21 de septiembre, después de diez semanas sin dictado, la funcionaria les comunicó que el establecimiento permanecería cerrado hasta febrero por razones de sanidad ambiental que prefirió no explicar. Anticipó que la enseñanza se trasladaría a Challacó. Treinta kilómetros más lejos, por un camino de ripio siempre en malas condiciones.
El viernes 25 de septiembre llegó la nota interna: inhabilitación transitoria del edificio entre octubre y febrero, para resguardar a la comunidad educativa frente a las tareas de mitigación que debe realizar YPF. La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales había derivado a la compañía el estudio y monitoreo de la calidad del aire.
La médica Luciana Capozzi, del Instituto de Salud Socio Ambiental, lo dice sin vueltas: en esa aula se vulnera el derecho de las infancias a habitar un territorio sano, y no hay personas sanas cuando se habitan territorios enfermos. El metano, al transformarse en ozono troposférico, ingresa al aparato respiratorio y produce inflamación. En cuerpos con desarrollo incompleto, eso se traduce en rinitis, reagudizaciones de asma, dermatitis y enfermedades hematológicas.
Desde el lunes, el dictado se hace en Challacó. Más de cuatro horas diarias de transporte. El edificio quedó en medio de la expansión de Vaca Muerta, rodeado de pozos convencionales y de fracking, instalaciones de venteo y quema de gas, plantas de procesamiento, una planta compresora, baterías y ductos. Ni la Secretaría de Ambiente ni el Consejo Provincial de Educación contemplan, hasta ahora, evaluaciones sobre las posibles consecuencias de la exposición para la salud de quienes asisten allí ni de quienes viven en la zona.
La comunidad educativa fue trasladada fuera de su territorio para que la empresa contaminante se encargue de la mitigación. El principio precautorio propone otra cosa: que la compañía cese sus actividades hasta que el gobierno provincial compruebe que no hay afectación a la salud. La escuela sigue cerrada. Los pozos, no.