El sistema judicial chileno enfrenta duras críticas tras la denuncia de una "persecución política" y "racismo institucional" en contra del lonko mapuche Guillermo Ñirripil Cheuquepan. La familia del dirigente y un bloque de 21 comunidades de las zonas de Lautaro, Curacautín, Victoria, Lonquimay y Perquenco denuncian que el Estado busca criminalizar a la autoridad tradicional mediante un segundo juicio oral programado para el 1 de julio en Temuco, a pesar de que el lonko ya cumple una condena de más de cinco años. Las vocerías advierten que este proceso redundante utiliza los mismos elementos de la primera condena y es visto como una estrategia deliberada para extender su encarcelamiento y desarticular la resistencia territorial.
La denuncia apunta con dureza a la actuación del fiscal Enrique Vázquez, cuya participación en casos señalados por montajes, como el "Caso Huracán" y el "Hermosilla", otorga al proceso un carácter político y racista. Las comunidades sostienen que la acusación de extorsión se basa únicamente en las versiones de empresarios dueños de fundos, ignorando deliberadamente los acuerdos previos y los diálogos voluntarios entre dirigentes y propietarios forestales. Este accionar es denunciado como una vulneración al debido proceso que busca deslegitimar la palabra empeñada —pilar fundamental de la cultura mapuche— para amedrentar a quienes defienden sus derechos territoriales frente al modelo extractivista.
Además, las comunidades denuncian que el sistema penitenciario ignora la identidad y espiritualidad del lonko, vulnerando estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Las voceras también critican la Ley Indígena y el sistema de compra de tierras de CONADI, los cuales obligan a las autoridades mapuches a negociar directamente con latifundistas, exponiéndolas a denuncias fraudulentas por extorsión.
Ante lo que califican como una "aberración jurídica" y una muestra flagrante de racismo judicial, la familia y las comunidades han solicitado la intervención de la Relatoría de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. El llamado es urgente a organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía para visibilizar esta ofensiva contra la autonomía indígena en el sur del país.
