La maquinaria pesada ya rueda hacia Chacalluta. El "Plan Escudo Fronterizo" del gobierno ultraderechista de José Antonio Kast comienza a materializarse con la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y muros de cinco metros en la frontera norte. El despliegue mediático es calculado: el propio presidente viajará a Arica para presenciar las primeras excavaciones entre los hitos 1 y 15 de la frontera con Perú, acompañado de sus ministros de Interior, Defensa, Obras Públicas y Seguridad Pública.
La estrategia se presenta como una solución integral pero revela una visión militarizada de la migración. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, habla de "acciones de contramovilidad" en zonas críticas identificadas, con una extensión proyectada de 500 kilómetros en distintos tramos. El Ejército trabajará en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas en esta obra faraónica que busca impedir físicamente el paso de personas.
La obsesión se extiende más allá de lo terrestre. El plan incluye un reforzamiento del control marítimo para combatir no solo la migración irregular sino también el contrabando y el narcotráfico. El vicealmirante (r) Alberto Soto, designado comisionado presidencial para la Macrozona Norte, ya se encuentra desplegado en la zona desde el mismo día de la toma de posesión del gobierno.
Cuatro barreras conforman este dispositivo de contención: legal (penalizar el ingreso irregular), tecnológica (sensores, drones, radares térmicos), física (zanjas, muros, cercos electrificados) y humana (mayor presencia militar). La retórica oficial habla de "recuperar la seguridad" pero omite mencionar los costos humanos de convertir fronteras en fortalezas.
La implementación completa podría tomar hasta cuatro años, según reconocen fuentes del ejecutivo. El despliegue inicial de 600 metros en Chacalluta es solo el comienzo de una política que prioriza el control sobre la integración, la disuasión sobre la acogida. En un contexto regional complejo, Chile opta por el aislamiento como respuesta a desafíos migratorios que requieren soluciones multilaterales y con perspectiva de derechos humanos.
La construcción de zanjas y muros como política de Estado representa más que una medida de seguridad: es la materialización de una ideología que concibe la migración como amenaza y no como fenómeno humano complejo. Esta obsesión fronteriza, que recuerda estrategias implementadas en otros contextos políticos conservadores, plantea preguntas incómodas sobre qué tipo de sociedad se está edificando detrás de esas barreras físicas y simbólicas.
