La licitación de corredores viales nacionales revela un modelo preocupante: multiplicación de peajes con escasas obligaciones de obra. El sistema actual de 39 cabinas podría expandirse a casi 90, con 50 nuevas estaciones distribuidas en 16 corredores. La tarifa estimada ronda los $3500 cada 100 kilómetros, configurando un negocio lucrativo para las concesionarias.
Los pliegos establecen tres tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor (limpieza y bacheo), obras obligatorias menores (rotondas, accesos) y rehabilitación de pavimento. Sin embargo, brillan por su ausencia las ampliaciones de calzada, nuevos carriles o soluciones estructurales que alivien el colapso circulatorio. La estrategia busca reducir los tramos libres de cobro, obligando a más usuarios a pagar.
El Tramo Mediterráneo ejemplifica esta lógica: suma cuatro peajes nuevos pero solo exige repavimentar 6 kilómetros y construir una pasarela peatonal. Similar situación en el Tramo Puntano, que añade cinco estaciones sin mejoras sustanciales. La baja exigencia de obras constituye el principal atractivo para las empresas, que podrán comenzar a cobrar tras tareas básicas de mantenimiento.
Este esquema prioriza la rentabilidad privada sobre las necesidades de infraestructura nacional. Las concesiones de 20 a 30 años garantizan flujos de caja estables sin compromisos transformadores. La "industria del peaje" se consolida como negocio seguro, dejando pendiente la modernización vial que el país requiere. Un modelo que carga a los usuarios sin ofrecer mejoras reales en seguridad y capacidad circulatoria.
